Juan M. Blanco
No está el mundo actual sobrado de grandes estadistas. Tras un largo proceso de degradación, los líderes occidentales convergieron hacia la mediocridad, la cortedad de miras y la vergonzante cobardía. Aun así, algunos países mantuvieron una clase política con un nivel admisible. No así España, donde la degeneración alcanzó extremos inauditos. Diera la impresión de que solo pueden llegar al gobierno ignorantes, inútiles, pícaros, embusteros, ventajistas, arribistas, maniobreros o psicópatas, comenzando por el propio presidente, Pedro Sánchez, un sujeto carente de cualquier freno ético o moral, sin conciencia alguna de los intereses nacionales y capaz de cometer, sin despeinarse, las mayores atrocidades y destrozos para mantener el sillón.
Sufrir un gobierno pésimo no es mera anécdota. Los estragos causados por políticas erróneas, aplicadas por maldad o ignorancia, no son abstractos o simbólicos sino profundos, estructurales y duraderos: pueden arruinar a muchas familias, poner en peligro las libertades o, incluso, desmembrar una nación. Pero los políticos nefastos no solo cometen acciones execrables; algunos incurren en graves omisiones, como abstenerse de impulsar reformas cuando resultan imprescindibles, como fue el caso del indolente Mariano Rajoy.
Las sociedades fueron siempre conscientes de la imperiosa necesidad de seleccionar cuidadosamente a quienes manejan el timón del Estado. James Madisonseñaló en 1788 que era fundamental “asegurar que lleguen al gobierno los hombres que posean la mayor sabiduría para discernir el bien común y la mejor virtud para perseguirlo”. En democracia, los electores no seleccionan a la clase política: votan entre candidatos que fueron previamente filtrados. Este proceso de selección siguió, generalmente, criterios no basados en leyes escritas sino en normas informales, en reglas y costumbres que operaban en grupos relativamente reducidos. El motivo: además de formación y conocimientos, las cualidades básicas de un buen dirigente se encuentran en su carácter, algo que valoran mejor quienes conocen directamente al personaje.
Un buen dirigente debe tener formación sólida, capacidad de debatir con argumentos y amplia comprensión de los efectos de las políticas. Pero es aún más determinante su carácter: un gran estadista posee disciplina, tesón y temple suficiente para tomar acertadamente decisiones cruciales y complejas en contextos de tensión, adversidad o incertidumbre. Y también lealtad institucional, patriotismo, responsabilidad, voluntad de servir y sentido de la imparcialidad, pues gobierna para todos, no sólo para sus votantes. En resumen, los rasgos que definen a un buen estadista son exactamente aquellos de los que carecen los gobernantes en España.
Los mecanismos informales de selección fueron evolucionando en las democracias. En su primera etapa, aristocrática o burguesa, dónde los políticos procedían casi exclusivamente de clases altas o ilustradas, operaban filtros sociales y familiares, que valoraban el conocimiento histórico-jurídico o el dominio de la oratoria, pero, sobre todo, el prestigio adquirido en otras actividades y la capacidad de mando. Eran las propias familias, y el entorno elitista, los que vetaban la entrada en la política a aquellos sujetos que, aun proviniendo de la clase privilegiada, eran considerados mediocres, holgazanes, frívolos o negligentes. Unas normas informales muy exigentes basadas en el honor, la reputación y el deber, inculcaban que el poder obligaba aun comportamiento ejemplar.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a la expansión de la educación, la política se abre a candidatos de todas las clases sociales, uno de los avances más notables de aquellos tiempos. El protagonismo de la selección se traslada a los partidos y, durante algunas décadas, los filtros funcionan admirablemente: los candidatos siguen manteniendo excelentes estándares. Figuras como el presidente de EEUU, Harry Truman (hijo de un granjero), o el primer ministro británico, Edward Heath (hijo de un carpintero), representan esas personas de origen humilde, marcadas por un enorme sentido de esfuerzo y superación, que alcanzaron puestos de gran responsabilidad. Un sistema educativo público abierto, pero muy exigente, junto con unos partidos con principios e ideas, que apreciaban el mérito sin demandar obediencia ciega, fomentaron la entrada de estos nuevos representantes, que mantenían una concepción de la política como misión, no como un mero empleo.
La selección entra en crisis
Sin embargo, algunas décadas después, los mecanismos de selección comienzan a flaquear y, en el caso de España, quiebran estrepitosamente. Hubo, en mi opinión, dos factores desencadenantes. En primer lugar, la creciente profesionalización de la política. En “La política como vocación” (1919), Max Weber advertía que, con la consolidación del Estado moderno, surgiría la figura del político profesional, ese que no “vive para la política” sino “de la política”, un personaje sin vocación, grandeza, carácter ni visión institucional, que toma la actividad pública como simple medio de vida. Los partidos fueron convirtiéndose en estructuras burocráticas cerradas, cuya maquinaria alimentaría crecientemente la clase política, mientras dificultaba la entrada a profesionales externos.
La televisión fue otro agente decisivo en la trasformación de la política al sustituir la autoridad del conocimiento por la imagen y reemplazar el carácter personal por la habilidad de comunicación escénica. El prólogo fue el primer debate presidencial televisado en EEUU (1960) entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Kennedy se presentó maquillado, vestido de un color que destacaba, mientras Nixon aparecía sin maquillar, demacrado, con un traje gris que se mimetizaba con el fondo. Quienes siguieron el debate por radio dieron por ganador a Nixon; pero los televidentes se decantaron abrumadoramente por el apuesto Kennedy. Este resultado mostraba crudamente que la percepción visual podía alterar el juicio político.
Pero la tele también degradó la clase política porque primeramente transformó al ciudadano. En “Homo Videns”, Giovanni Sartori señalaba que la televisión implicó una regresión en el proceso de comunicación humana al anular las ideas y los conceptos, atrofiar la capacidad de abstracción, sustituir el conocimiento profundo por la visión superficial y fomentar en el televidente una actitud perezosa, pasiva y acomodaticia. Al tiempo que la escenificación sustituía al debate de ideas políticas, el espectador iba desplazando al ciudadano. Los votantes dejaron de prestar atención a los argumentos y comenzaron a “sentir” a los candidatos. El dirigente profundo y racional iría cediendo terreno ante el político con retórica superficial y agresiva; o simple fotogenia.
El desastre español
Ante la general degradación, muchas democracias consolidadas mantuvieron ciertos filtros informales que actúan como muros de contención. Pero España sufrió la tormenta perfecta: ambos efectos se manifestaron con mayor intensidad y surgieron elementos adicionales, que empujaron la calidad del político medio hasta el subsuelo.
La política española se “profesionalizó”, pero sin exigencia técnica o experta alguna. La militancia desde muy joven, la fidelidad al aparato y la habilidad para escalar jerárquicamente desplazaron completamente a la excelencia, la cualificación, el carácter o los principios sólidos. El partido generó infinidad de personajes que nunca habían trabajado y concebían el poder como una merecida prebenda, no como un servicio público que exige responsabilidad. La política quedó abarrotada de sujetos que solo sabían adular y conspirar. La prensa tampoco se tomó muchas molestias en escrutar la competencia, conocimientos o carácter de los candidatos.
A diferencia de otras, la democracia española nació ya televisiva, con un ADN marcado por la imagen, la telebasura y la ausencia de debate de ideas. Este enfoque sensitivo de la política favoreció una fuerte polarización emocional, casi una nueva fe, con grandes masas que se identifican con un partido, o una corriente política (especialmente en la izquierda), incluso sin conocer el programa o las propuestas; simplemente porque consideran que son “los buenos”. Esta identificación, similar a la de los aficionados con su equipo de fútbol, convierte el voto en una expresión afectiva, irracional, casi tribal, dificultando que unas elecciones expulsen automáticamente del poder a gobernantes abominables.
La sociedad española experimentó una fuerte infantilización: la expansión de los derechos no vino acompañada de una cultura paralela del deber y la responsabilidad. Cundió la frívola creencia de que ocupar un cargo político, incluso gobernar, es un derecho, por el que no se puede exigir competencia, mucho menos excelencia. Y los imperantes rasgos pueriles o adolescentes encajaban fatal en el carácter que define a un estadista. De forma paralela, el pronunciado descenso en la exigencia del sistema educativo alumbró la “generación más titulada”, pero con demasiada frecuencia carente de formación sólida, gentes con muy poco hábito de lectura, pero mucho consumo audiovisual y de redes sociales.
Para colmo de males, los mecanismos de autoselección también se pervirtieron: la política comenzó a atraer preferentemente a sujetos poco recomendables, incluso psicópatas. La dedicación política implica una pérdida salarial para las personas con elevada cualificación y probada honradez, pero una suculenta ganancia neta para quienes poseen poca formación y todavía menos escrúpulos para lucrarse en actividades corruptas. Las personas con valía e integridad sólo pueden sentir la llamada del prestigio y el orgullo de servir a su país, a costa de una pérdida material, pero, cuando se generalizan los políticos corruptos e incapaces, el prestigio se difumina, la satisfacción merma y las personas cualificadas y honradas abandonan la política. Afrontamos una tremenda paradoja: los gobernantes actuales cobran sueldos excesivos para lo que son y lo que hacen, pero muy escasos para lo que deberían ser y las funciones que deberían cumplir.
¿Hay solución?
Las causas de la desastrosa política española están arraigadas en creencias erróneas y normas informales perversas: no pueden resolverse mediante simples cambios legislativos. Reformar las leyes electorales podría ayudar, pero resulta muy insuficiente al no abordar las causas de fondo. Mejorar nuestra clase política requiere un profundo cambio cultural, que conduzca a que la sociedad acepte definitivamente la imperiosa necesidad de la selección por mérito. Y ello requiere romper un tabú. Al contrario que en los tiempos de Madison, hoy resulta políticamente incorrecto plantear que pocos ciudadanos poseen los conocimientos, principios y carácter para dirigir adecuadamente la complejísima máquina del Estado o que el servicio público es una carga que exige mucha preparación y responsabilidad, no un premio que pueda recibir cualquiera. La sociedad debe ser consciente de que la ausencia de selección por mérito vacía de contenido la democracia, lesiona el bienestar y pone en riesgo el futuro.
Los medios pueden contribuir a rebajar la polarización emocional fomentando debates de ideas, profundos y racionales, entre intelectuales con distintas posturas e ideologías, pero que no sean prosélitos de partido. Y exponer currículos públicos, auditados y comprobados, de todos los candidatos y cargos públicos, incluyendo aspectos, no íntimos, pero sí personales, que puedan orientar sobre su carácter, de manera que la opinión pública favorezca a quienes, además de solidez personal, posean solvencia profesional y no dependan de las servidumbres y chantajes del entorno político para sobrevivir.
No existe solución mágica ni definitiva. Aunque no podamos aspirar a una clase política sobresaliente, no hay que escatimar esfuerzos para recuperar un nivel que, al menos, no escandalice. Es imprescindible transformar las condiciones que convirtieron la política española en un entorno inhóspito para aquellos que destacan en preparación, principios y carácter.
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