Juan M. Blanco
La actual pandemia de Covid-19 ha conducido a buena parte de los gobiernos democráticos a declarar estados de emergencia, recurrir a poderes extraordinarios, legislar por decreto, suprimir ciertos derechos y libertades que, hasta hoy, parecían asentados. No sólo se ha restringido la libertad de movimiento; también, en ocasiones, la posibilidad de ganarse la vida, trabajar o gestionar el propio negocio. Algunos gobiernos han quebrado el derecho a la intimidad, imponiendo aplicaciones de vigilancia electrónica que controlan cada movimiento. Y se ha restringido la libertad de expresión, censurando las voces que expresan opiniones críticas con las medidas gubernamentales.
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