Juan M. Blanco
La decisión de Pedro Sánchez de ceder los restos de soberanía nacional a los independentistas, con el único objetivo de mantenerse en el poder, ha suscitado la desesperación de buena parte de la ciudadanía, que asiste impotente a un rosario de desmanes y tropelías. Pero, sobre todo, ha sacado finalmente a la luz el verdadero problema: no existe en el sistema político español ningún resorte capaz de evitar que los gobernantes burlen la constitución y las leyes. Si Sánchez lo hubiera intentado en otros países democráticos, incluido el Perú de Pedro Castillo, su tentativa hubiera durado horas.
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