Juan M. Blanco
Aunque las prácticas corruptas fueron siempre un mal endémico en España, la Transición introduciría una radical innovación: la corrupción organizada. Atrás quedarían esas prácticas personales y artesanales, donde la misma persona prevaricaba y cobraba inmediatamente el soborno. Importando el modelo italiano, los partidos adoptaron un sistema con división de tareas: la concesión del favor y el cobro de la comisión lo efectuarían personas distintas, que ni siquiera se conocieran, mientras el dinero fluía por canales ocultos a las arcas del partido. Se trataba de diluir la conexión demostrable entre el favor concedido y el cobro, de manera que, si nadie cantaba, resultara difícil detectar la mera existencia de un delito.
Los partidos llegaron pronto a un acuerdo implícito para callar y tapar las prácticas corruptas de los demás. No hubo pacto explícito de silencio sino convergencia de intereses: nadie tiraría de la manta que tapaba a todos. En muchos lugares llegaron, incluso, a un reparto proporcional de las ganancias. En adelante, los casos que verían la luz serían fruto de la casualidad, el enfrentamiento interno o la traición.
Surgió una cultura que justificaba la corrupción para financiar los partidos y sus costosas campañas electorales. Sus “ideólogos” veían el pago del soborno como un impuesto informal que obligaba a los empresarios a costear las estructuras partidistas. El esquema, decían, era equitativo y eficaz pues otorgaba los ingresos según representación y liberaba a los partidos de la voluntad política del donante. En un sistema legal y transparente, sostenían, la derecha contaría con ventaja para atraer donaciones empresariales; este temor determinó que la izquierda (concretamente el PSOE) fuera pionera en esta práctica, incorporándose la derecha poco después.
En 1981, Alonso Puerta(PSOE), teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, denunció que dos concejales de su partido estaban cobrando comisiones ilegales por contratas municipales. Ante tan graves acusaciones, ni el alcalde, Enrique Tierno Galván, ni los concejales de su partido se interesaron por las pruebas ni recabaron detalle alguno; solo arremetieron contra el denunciante. Tampoco la oposición municipal, ni la fiscalía, mostraron interés en indagar, mientras la prensa defendía a los señalados y descalificaba a Puerta por malintencionado. El argumento del diario El País fue especialmente inaudito: la proverbial honradez de la dirección socialista de Madrid era incuestionable. Meses después, Puerta fue expulsado y la prensa dio carpetazo al caso.
El pacto de silencio estaba bastante maduro en 1981 y las comisiones ilegales constituían un funcionamiento común en los ayuntamientos: la iniciativa de Puerta aireando trapos sucios solo podía considerarse una traición. La “incuestionable honradez”, esgrimida por El País, significaba que esos dirigentes no se llevaban dinero a casa. Pero considerar extremadamente honrado a quien “solo” roba para el partido, como un moderno Robin Hood, constituía un peligroso retorcimiento de la ética, que a la larga resultaría letal.
La corrupción organizada indujo a participar a muchos militantes que, de otro modo, quizá no se hubieran involucrado. Al no beneficiarse personalmente, perdían la conciencia de actuar incorrectamente, máxime cuando solo observaban un pequeño engranaje de la gigantesca maquinaria. Las prácticas parecían inocuas, pero la rotura del primer cristal abría la puerta a vulneraciones de calibre creciente. La bola de nieve comenzó a rodar colina abajo hasta modelar un descomunal latrocinio que, por acción u omisión, acabaría salpicando a toda la clase política.
Políticos con menos escrúpulos descubrieron que la ausencia de controles, y la pasividad de la opinión pública, constituían un ambiente propicio para enriquecerse. Algunos desviaron parte del caudal a su bolsillo, otros organizaron tramas corruptas al margen del partido aprovechando que era muy fácil enmascarar sus actividades en un entorno atestado de cobradores y pagadores.
La corrupción evolucionó gradualmente hacia una mayor sofisticación, una creciente separación temporal ente favor y pago y una tendencia a disfrazar los intercambios corruptos con vestimenta legal. Y la balanza fue inclinándose decididamente hacia el enriquecimiento personal, especialmente cuando las nuevas tecnologías abarataron las campañas electorales. Al principio, las operaciones se realizaban mayoritariamente en efectivo (“tráfico de maletines”), surgiendo más adelante métodos más complejos, como cuentas en paraísos fiscales o empresas pantalla que emitían facturas ficticias. Era ya frecuente adelantar el pago: dar dinero a cambio de favores futuros, todavía sin concretar, o meramente por obtener una buena relación con el poder, que abriese algunas puertas.
La última etapa se ha caracterizado por la promulgación sistemática de leyes cortadas a medida de ciertas empresas. Los textos, a veces redactadas íntegramente por determinados bufetes, incluyen cláusulas técnicas aparentemente neutrales, pero que esconden excepciones o requisitos que solo cumple la empresa en cuestión. El pago suele adoptar apariencia legal: financiación de fundaciones, think tanks, patrocinios, colocación de familiares y amigos etc. Y, especialmente, “puertas giratorias”: al abandonar la política, el dirigente recibe un puesto altamente remunerado en la empresa. La ley cortada a medida y el contrato de “trabajo” se encuentran tan separados en el tiempo, que resulta imposible demostrar la conexión entre ambos.
Por su metodología, los casos que rodean a Pedro Sánchez, como el renombrado Ábalos–Cerdán–Koldo, huelen a corrupción rancia, de manual para tunantes de los años 80 o 90. Se diría que algunos quedaron anclados en los métodos de sus primeras etapas.
Los estragos de la corrupción
Decir que la corrupción política es inocua, que solo desplaza la carga del contribuyente al empresario, no solo es inmoral: también falso. Los contribuyentes son quienes soportan en realidad la carga pues el importe del soborno se repercute en el precio final de la obra o contrata. Esto explica que las administraciones compren extremadamente caro.
Además, la corrupción generalizada distorsiona gravemente el mercado pues no permite prosperar a las empresas más eficientes, sino a aquéllas con mayor disposición a sobornar. Pero la práctica corrupta más devastadora es la promulgación de legislación favorable a grandes empresas porque crea un efecto permanente, un flujo constante de rentas hacia los favorecidos. El propósito de estas leyes es restringir la competencia, estableciendo en la economía cuellos de botella por los que solo pueden transitar quienes han pagado el particular “peaje”. La legislación “a medida” desemboca en una enmarañada selva legal, plagada de barreras, trampas y arenas movedizas para muchísimas empresas que no pueden comprar una ley favorable. La sociedad acaba sufriendo pérdidas astronómicamente superiores a los sobornos recaudados: enormes ineficiencias, precios más elevados, menor innovación o impedimentos a la creación de empresas.
Como afortunada paradoja, la omnipresente corrupción política parece no haberse contagiado a los servidores públicos o la sociedad. Al contrario que en otros países, en España las mordidas a funcionarios son la excepción, no la regla. Aun así, existe cierto contagio en actitudes poco sanas (“yo haría lo mismo”, se escucha) o en algunos funcionarios que, por temor, comodidad, o complicidad, miran hacia otro lado ante irregularidades del político.
El hartazgo de la corrupción organizada en el país que la inventó, Italia, desencadenó en los 90 un colosal huracán, que arrancó de cuajo el sistema político y los partidos tradicionales. El movimiento de jueces y fiscales, “Manos Limpias”, acabó imputando a más de la mitad del parlamento por unas monstruosas tramas corruptas. Acorralado por pruebas abrumadoras, el ex primer ministro, Bettino Craxi, intentó justificarse argumentando que la corrupción era el precio para mantener una democracia de partidos. Fue en vano: todos sabían que el grueso de los sobornos iba al bolsillo de dirigentes como él. Craxi acabó sus días exiliado en Túnez para eludir una condena de 27 años de cárcel.
Desgraciadamente, España no tuvo su “Manos Limpias”, sino, a partir de 2008, movimientos regeneradores muy críticos con la corrupción organizada, en los que abundó un personaje muy peculiar: el “reciclado del sistema”. El enorme recorte del gasto público asfixió muchas redes corruptas y clientelares. Ciertos políticos, empresarios, consultores etc. expulsados del reparto, adoptaron una postura crítica con la podredumbre del sistema, algunos por convicción, pero la mayoría por resentimiento. Estos “reciclados” desvelaron detalles cruciales sobre el funcionamiento de la corrupción, fortaleciendo el discurso regenerador. Pero también lastraron los movimientos al inocular incoherencias y dinámicas del pasado. El impulso regenerador acabó perdiendo fuelle al recuperarse el gasto público.
¿Hay solución?
La corrupción política generalizada se asienta en normas informales perversas: no puede combatirse endureciendo las leyes anticorrupción. La gran dificultad para demostrar la conexión entre prevaricación y cohecho implica que, aunque se lo propusieran, los jueces solo podrían destapar una ínfima parte de los casos. Especialmente porque, en España, todos los órganos de control, incluido en cierta medida el Tribunal Supremo, se encuentran en la órbita de los partidos y estos mantienen, evolucionado, su pacto tácito de silencio. Esta corrupción es como la Hidra de Lerna: le crecen cabezas mucho más rápido de las que podríamos cortar.
Ante la imposibilidad de combatirla de frente, hay que golpear por los flancos, en su zona vulnerable. Aunque los políticos se encuentren muy protegidos legalmente, carecen de blindaje reputacional si la prensa y los ciudadanos cumplen su papel. Los corruptos son buenos prestidigitadores ocultando el cobro del soborno, pero muestran al público muchos indicios de los favores que conceden. Las compras o contratas corruptas llevan un precio final muy superior al de mercado porque debe incluir la comisión y cierta ganancia extra para el empresario que paga el soborno. Por su parte, las leyes a medida desprenden un inconfundible aroma: incorporan extraños requisitos sin justificación técnica, que solo una o pocas empresas cumplen, o motivos de exclusión que, casualmente, encajan con los competidores.
Una novedosa Agencia de Integridad Pública podría ejercer ágilmente control y supervisión. Integrada por expertos en diversas materias, tendría dos funciones: a) vigilar la contratación pública comparando los precios pagados con los de mercado y generando un aviso cuando el margen supere cierto umbral y b) escrutar las leyes para detectar cláusulas sospechosas de favoritismo, examinando además la huella legislativa, esto es, el registro (que debería ser obligatorio) de la intervención de los lobbies en su elaboración. Los informes de esta agencia generarían un coste reputacional para muchos políticos y empresas que operan hoy con demasiada opacidad. Y la perspectiva de aparecer en los medios ejercería como antídoto preventivo.
La agencia no podría ser estatal, porque sería capturada rápidamente por los partidos. Pero tampoco completamente privada porque nacería impotente al faltar acceso a datos relevantes y carecer de protección jurídica. Debería seguir un modelo híbrido: un organismo con capacidad legal para reclamar información a las administraciones, blindado frente a posibles litigios y demandas, pero nombrado y gobernado por entidades de la sociedad civil. La agencia no sustituiría a jueces o fiscales porque no acusaría: crearía un sistema de alerta temprana para reducir muchos espacios de impunidad y sacar a la luz pública lo que hoy permanece en las sombras.
Deja un comentario