Juan M. Blanco
Buena parte de la opinión pública española se encuentra horrorizada contemplando cómo Pedro Sánchez hace mangas y capirotes de la Constitución, manipula las instituciones o toma decisiones lesivas para los intereses de España, con el único objetivo de preservar el sillón. Sin embargo, lo más preocupante no es lo que hace… sino por qué puede hacerlo. Los países de nuestro entorno disponen de mecanismos suficientes para evitar que el gobierno sea ocupado por una banda de malhechores y, dado el caso, para expulsarlos del poder de forma inmediata. Una enfermedad muy grave debe aquejar a nuestro sistema político cuando se muestra incapaz de seleccionar mínimamente la calidad de los gobernantes y, todavía peor, carece de resortes para ponerlos en la calle cuando el abuso y la arbitrariedad campan por sus respetos. Nos encontramos ante un fallo sistémico extremadamente grave, pero la mayoría ha sido incapaz de identificarlo durante mucho tiempo. ¿Por qué?
Dicen que Sánchez está destrozando el consenso de la Transición, pero todos sus actos tienen precedentes, aunque fueran menos graves. No es el primer presidente que vulnera la Constitución o manipula el Tribunal Constitucional (y otras instituciones), aunque ninguno lo hiciera con tanta desfachatez y jactancia. Ha roto todas las reglas, sí, pero ya las encontró quebradizas, con innumerables fracturas.
Lo que ha hecho Sánchez es pisar el acelerador a fondo, imprimiendo a la maquinaria un ritmo vertiginoso, sobrepasando los límites conocidos, con grave riesgo de estallido y quiebra de todos sus engranajes. Pero su temeraria conducta constituye un excelente test de estrés del sistema, una prueba que está mostrando con claridad todo aquello que la mayoría se negó a reconocer durante décadas: la terrorífica degeneración institucional, la profunda desintegración territorial, la avanzada descomposición de casi todos los controles o la absoluta ausencia de neutralidad y objetividad en organismos clave (Tribunal Constitucional, CGPJ, Fiscalía del Estado, Tribunal de Cuentas, RTVE, CIS, etc.). Sánchez no es exactamente la enfermedad, sino un síntoma tan agudo y doloroso que podría inducir al testarudo enfermo a asumir su grave dolencia y a aceptar el agresivo tratamiento. O no.
Las causas de la degeneración institucional no son nuevas: se remontan a los primeros compases de la injustamente ensalzada Transición. Tampoco son triviales, sino complejas y arraigadas, solo resolubles con profundas y atrevidas reformas. Y, aunque hubo errores garrafales en la Constitución, las causas de fondo no se encontraban en los textos legales, ni siquiera estaban escritas: se trataba de normas informales especialmente perversas.
Las normas informales son ese conjunto de reglas no escritas, basadas en costumbres, convenciones o acuerdos implícitos sobre lo que es aceptable e inaceptable, que modelan el comportamiento de los participantes en el proceso político o legal. Cada sujeto se comporta dependiendo de lo que observa en los demás, de cómo cree que reaccionarán ante sus propios actos. Son estas normas, y no tanto las leyes, las que determinan la calidad de un sistema político. Tras complejas evoluciones, en algunos países imperaron normas informales sanas (las que impulsan a cumplir la legalidad y a mantener un juego limpio), pero en otros predominaron normas pervertidas (las que empujan a lo contrario). Por ello, los gobernantes actúan con rectitud en algunas latitudes, pero no en otras, aunque los textos legales sean idénticos. Las normas informales se degradan siguiendo la regla del cristal roto: cualquier vulneración puntual y leve de principios o leyes que queda impune abre paso a vulneraciones mucho más graves.
Señalaba Montesquieu que cualquier forma de gobierno degenera cuando sus principios se corrompen. Debido a principios informales especialmente corrompidos, el sistema político de la Transición quedó programado para recorrer la senda de la degradación y acabar en el punto donde nos encontramos, aunque quizá no tan pronto. Nuestras élites podrían haber corregido el rumbo, pero nunca movieron un dedo, quizá porque el futuro de España les importaba muy poco. Hoy me limitaré a exponer algunas de esas normas informales perversas que se remontan a los primeros compases del régimen del 78, y en sucesivos artículos profundizaré en cada una e intentaré proponer, modestamente, algunas soluciones.
1. Equívoco sobre lo que es la democracia
Los políticos y los medios difundieron desde la Transición una idea equívoca sobre la democracia, creando en el público un grave y duradero malentendido, que dificulta la percepción de los fallos sistémicos. Porque la democracia no consiste solamente en un sistema multipartidista y elecciones libres. Requiere, además, un complejo sistema de controles y contrapesos que impongan límites estrictos a la actuación de los gobiernos con el fin de garantizar el respeto al Estado de Derecho, a las libertades y a los derechos fundamentales. Necesita instituciones neutrales y mecanismos eficaces de exigencia de responsabilidad y rendición de cuentas. La democracia no se caracteriza por lo que hacen los gobernantes, sino por lo que no pueden hacer.
El mensaje de que solo importaba la decisión mayoritaria condujo al desprecio de los controles, a la colonización partidista de muchos órganos del Estado que deben ser neutrales y a la vulneración de principios constitucionales porque el “voto popular” parecía gozar de mayor legitimidad que las leyes o los principios fundamentales. Convertían así a la democracia en un fin en sí misma, casi en una religión que separaba a los buenos de los malos, cuando solo es un medio para preservar la libertad, lograr buenos gobiernos y políticas sensatas. El concepto de democracia se construyó como mera contraposición al régimen de Franco, olvidando que una democracia plena requiere muchos más elementos que una simple diferenciación del franquismo.
2. Pacto tácito por la corrupción
Surgió desde el principio una cultura de pacto no escrito entre los partidos para financiarse ilegalmente mediante comisiones por contratos y favores públicos, un sistema en el que, copiando el modelo italiano, todos los partidos participarían en mayor o menor medida, repartiéndose las ganancias. Se rompía así con la típica corrupción franquista, más individual y artesanal, estableciendo un modelo industrial con división del trabajo en el que la prevaricación y el cobro lo efectuaban personas distintas. Casi todos los políticos aceptaron este esquema, quizá porque, teóricamente, no beneficiaba a sujetos privados. Pero muchos descubrieron rápidamente que era muy sencillo desviar parte del caudal a sus propios bolsillos o implantar una trama de corrupción personal, aprovechando que no hay mejor lugar para ocultar un árbol que en medio de un frondoso bosque.
La corrupción política generalizada fue degradando todos los resquicios del sistema hasta desembocar en un régimen de prebendas, privilegios, arbitrariedad y ausencia de rendición de cuentas, donde la posición de cada uno depende, no del mérito, el esfuerzo, la eficiencia o la buena gestión, sino de su relación con el poder político, un entorno que difuminó paulatinamente la frontera entre lo público y lo privado y donde las leyes se cortan a medida de los que pagan. Valores como la honradez, la igualdad de oportunidades y el juego limpio fueron cotizando a la baja hasta prácticamente desaparecer. Ábalos, Cerdán, Begoña, el hermanísimo y compañía no inventan nada: hacen,con menos disimulo y mayor sensación de impunidad, lo que han visto durante toda su vida política.
3. España, concepto tabú
Uno de los elementos más insólitos de la Transición política fue la negación de la idea de España por parte de las élites políticas, una desafección que contrastaba en aquellos tiempos con una buena aceptación entre la población, incluso en zonas dónde hoy existe una notable aversión. Aunque esta actitud había comenzado en la izquierda, pronto se extendió a buena parte del centro derecha, hasta el punto de que la palabra España se convirtió en tabú para muchos sectores políticos y mediáticos, sustituyéndose por “el Estado”, “este país” etc.
Rechazar la idea de España, en lugar de promover un concepto renovado, adaptado a los tiempos, generó una Constitución sin raíces, flotando en el espacio, vacía de contenido simbólico. Y contribuyó a la redacción de un Título VIII que consagraba un modelo autonómico completamente abierto, ambivalente y asimétrico, sin límites definidos a las competencias transferibles. Ya en los años 80 algunos autores intuyeron que el sistema desembocaría a largo plazo en una especie de organización confederal, donde algunas regiones acabarían alcanzando una independencia de facto. Ahora bien, la larguísima mecha de la bomba evitaría a la generación de la Transición tener que asistir al espectáculo de la descomposición final de España. Pero personajes como Zapatero y, sobre todo, Sánchez, han acelerado el proceso con tal intensidad que, si nadie pone remedio, muchos seremos testigos de ambos acontecimientos.
De cualquier modo, hace ya mucho tiempo que los gobiernos se desentendieron de los intereses nacionales. Y la carencia de símbolos compartidos, que unifiquen sin excluir, favoreció una polarización identitaria de la población, una identificación partidista basada en puras emociones y no en verdaderas opiniones políticas, generando un electorado ladrador pero muy poco crítico, con nefastas consecuencias para la eficacia del voto como control del poder.
4. Selección perversa de los políticos
Los procesos de selección de candidatos fueron desde el principio perversos, dando lugar a una peculiar “ley de Gresham”: los malos políticos fueron expulsando de la circulación a los buenos. Los partidos arrinconaron el debate ideológico y, aprovechando la infinidad de puestos creados en la administración autonómica, se convirtieron en agencias de colocación. Los criterios para permanecer, medrar, obtener un cargo o ser incluido en una lista electoral no se basaron en la excelencia, el mérito, el esfuerzo, la valía personal o la cualificación profesional. Mucho menos en la honradez o en principios sólidos. Afinidades personales, carencia de espíritu crítico, conducta oportunista y conspiradora fueron atributos indispensables para el “éxito” dentro del partido. El silencio ante el abuso, la indigna adulación o la flexibilidad para cambiar de criterio a una orden son también apreciables méritos para ganar la confianza de esos líderes que sustituyeron el debate de ideas por el reparto de favores. Por su parte, la generalizada corrupción expulsó de la política a muchas personas honradas y capaces, abriendo paso a sujetos con muy pocos escrúpulos, extremadamente vulgares, que nunca han trabajado fuera del partido. Sánchez y su camarilla no son más que el extracto puro, el veneno cien veces destilado en esos repugnantes alambiques.
España se encuentra en la UCI, casi en estado terminal, desahuciada por muchos. Pero, mientras haya vida, consciencia de los problemas, valentía y, sobre todo, voluntad de tomar la amarga medicina, todavía quedan esperanzas. Discutiremos, en próximos artículos, por dónde podríamos salir del atolladero.
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